Eventosfebrero 10, 2022por Insight0

CARA Y CRUZ DE LA CONSULTA PREVIA

En 1997 se estableció la consulta previa en Colombia, como mecanismo para salvaguardar el derecho de las comunidades étnicas de participar en todas las medidas administrativas y legislativas, así como en actividades industriales y de explotación de los recursos naturales, que impacten sus territorios, su cultura, sus creencias y, en general, sus vidas.

Si bien existen parámetros legales para adelantar las consultas previas, como medida garantista y de protección de estas poblaciones, nuestra experiencia en diferentes regiones del país y con diferentes tipos de comunidades nos permite concluir que, para que la consulta sea verdaderamente un mecanismo para que las comunidades étnicas ejerzan plenamente su derecho a la libre determinación,  necesita evolucionar; evolución que implica a todos los actores involucrados, el Estado, las empresas y las comunidades étnicas. 

Veamos este reto desde la óptica de cada actor: 

  1. En primer lugar, para responder al reto de la consulta previa se requiere que las comunidades étnicas tengan una organización fuerte, legítima y representativa para participar activamente en los escenarios de consulta.  Sin embargo, algunas comunidades desconocen aún el verdadero rol que desempeñan en un proceso consultivo, no tienen suficientes herramientas sobre el marco regulatorio, y requieren de procesos internos para consolidar sus planes y proyectos de vida comunitarios para ejercer plenamente su derecho colectivo. Por lo tanto, el proceso de consulta no comienza (o no debería comenzar) en la instalación. La consulta implica un proceso interno de la comunidad, de diálogo interno, de toma de decisiones y fortalecimiento de su organización, antes de comenzar a conversar con las empresas sobre impactos de un proyecto en sus vidas.  
  1. De otra parte, las empresas tradicionalmente han percibido la consulta como un obstáculo para el desarrollo de su negocio e incluso para el desarrollo del país, debido a sus complejidades y, especialmente, a la incertidumbre que implica el proceso y sus resultados. La consulta, para las empresas, más que un paso obligatorio dentro de la lista de chequeo, es una oportunidad para crear espacios de diálogo y concertación con las comunidades y para encontrar los intereses en común y, lo que en InSight llamamos el nosotros, ese espacio de encuentro y de búsqueda del gana-gana. Al despojarse de la prevención frente a este proceso, y partiendo desde un enfoque de derechos  con claridad sobre el objeto de diálogo, la consulta es una oportunidad para co-construir. En Colombia hemos avanzado en el proceso, toda vez que la consulta previa ha sido diseñada para identificar, manejar y acordar los impactos de los proyectos. Y hay espacio para que las empresas vayan mas allá en la implementación de estándares internacionales exigidos por las corporaciones financieras, lo que aumenta el valor de los proyectos. Es definitivamente un gana-gana. 
  1. En cuanto al Estado, hay varias situaciones. En primer lugar, se evidencia que carece de los recursos necesarios para atender la demanda de proyectos existentes que exigen consulta previa. Además, las reglas aún no están suficientemente claras, no cubren los detalles del proceso consultivo., especialmente sobre su alcance (y la inclusión o no del derecho al veto). Hay desarrollos necesarios que el Gobierno nacional debe comenzar a implementar, para alinearse con estándares internacionales, garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y salvaguardar la claridad del proceso para generar seguridad jurídica a los negocios.

En medio de estos retos, las empresas deben adelantar procesos de consulta previa. InSight los acompaña desde la perspectiva social para preparar y acompañar a la comunidad; sobrellevar la incertidumbre de los resultados; gestionar adecuadamente los derechos de las partes involucradas; asegurar que los impactos de los proyectos sean manejados adecuadamente y buscar co-construir acuerdos que viabilicen los proyectos.  

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